La letra desobediente
Braulio Peralta
2009-10-26
La Constitución de 1857 es de las más avanzadas del mundo. Pero desde su creación —a excepción de Juárez—, no ha tenido presidentes o legisladores que defiendan la civilidad ciudadana lograda, después de aquellos que promulgaron leyes que nos rigen. Cuando los constitucionalistas impulsaron la Carta Magna se enfrentaron, antes que a nadie, a la Iglesia católica. Como hoy.
Si leyéramos la historia de aquella época veríamos el parecido con los sacerdotes de ayer y hoy que insisten en la participación en política ante la educación, la sexualidad, la ciencia… todo lo que se denomine progreso. De Galileo a la fecha la Iglesia sigue sus dogmas y el Estado sigue a la defensiva. De pena.
Laicidad, ¿qué significa la palabra? Nadie debería pronunciarla sin entenderla: “Cualidad de un Estado que no reconoce ninguna religión como oficial o protegida ni acepta su intervención política”. El laicismo es, pues, “la política que postula la absoluta independencia del poder civil respecto al Estado”. Y el laico es, finalmente, un defensor de ideas libres, más allá de toda religión. Como un servidor.
Dirán ustedes: y éste, ¿qué pretende decir? Que el aborto, la educación, los adelantos de la ciencia, la homosexualidad y la civilidad serán siempre un tema de confrontación con las religiones. Que los políticos —como Beatriz Paredes— deberían ser duramente castigados con el voto por no defender a la Constitución, frente a temas como el aborto, donde las mujeres, en plena libertad para decidir en sus cuerpos, están yendo a parar a la cárcel por cuestiones estrictamente ligadas más a los dogmas de la religión que a la Constitución. Más simple, ni el agua.
Que de nada sirven las letras de oro a los nombres de los constituyentes en la Cámara de Diputados si no se impulsan los derechos constitucionales; porque desde el catolicismo, con leyes dictadas desde un “Estado Vaticano” no asumen que las religiones no tendrían derecho a participar en política. No obstante son cercenados los libros de texto gratuitos con todo aquel comportamiento civil donde la libertad individual es un derecho inalienable. Ética, a secas.
Letras de oro donde falta el nombre de Ignacio Ramírez El Nigromante. De ese tamaño está la política apestada de hoy: ausente de su memoria histórica. Ya es hora de ponerlo en su lugar, según antiguo decreto. ¿O no, Manlio Fabio Beltrones?
Braulio Peralta
2009-10-26
La Constitución de 1857 es de las más avanzadas del mundo. Pero desde su creación —a excepción de Juárez—, no ha tenido presidentes o legisladores que defiendan la civilidad ciudadana lograda, después de aquellos que promulgaron leyes que nos rigen. Cuando los constitucionalistas impulsaron la Carta Magna se enfrentaron, antes que a nadie, a la Iglesia católica. Como hoy.
Si leyéramos la historia de aquella época veríamos el parecido con los sacerdotes de ayer y hoy que insisten en la participación en política ante la educación, la sexualidad, la ciencia… todo lo que se denomine progreso. De Galileo a la fecha la Iglesia sigue sus dogmas y el Estado sigue a la defensiva. De pena.
Laicidad, ¿qué significa la palabra? Nadie debería pronunciarla sin entenderla: “Cualidad de un Estado que no reconoce ninguna religión como oficial o protegida ni acepta su intervención política”. El laicismo es, pues, “la política que postula la absoluta independencia del poder civil respecto al Estado”. Y el laico es, finalmente, un defensor de ideas libres, más allá de toda religión. Como un servidor.
Dirán ustedes: y éste, ¿qué pretende decir? Que el aborto, la educación, los adelantos de la ciencia, la homosexualidad y la civilidad serán siempre un tema de confrontación con las religiones. Que los políticos —como Beatriz Paredes— deberían ser duramente castigados con el voto por no defender a la Constitución, frente a temas como el aborto, donde las mujeres, en plena libertad para decidir en sus cuerpos, están yendo a parar a la cárcel por cuestiones estrictamente ligadas más a los dogmas de la religión que a la Constitución. Más simple, ni el agua.
Que de nada sirven las letras de oro a los nombres de los constituyentes en la Cámara de Diputados si no se impulsan los derechos constitucionales; porque desde el catolicismo, con leyes dictadas desde un “Estado Vaticano” no asumen que las religiones no tendrían derecho a participar en política. No obstante son cercenados los libros de texto gratuitos con todo aquel comportamiento civil donde la libertad individual es un derecho inalienable. Ética, a secas.
Letras de oro donde falta el nombre de Ignacio Ramírez El Nigromante. De ese tamaño está la política apestada de hoy: ausente de su memoria histórica. Ya es hora de ponerlo en su lugar, según antiguo decreto. ¿O no, Manlio Fabio Beltrones?
braulio.peralta@milenio.com
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