Marisol Flores-Pamela López
México DF,
septiembre 26 de 2012.
Tomado de: http://www.notiese.org
Originaria de la Sierra Norte de Puebla,
Florencia Molina, quien fuera víctima de trata y explotación laboral en
California y Nueva York, se define como “sobreviviente” de estas
prácticas. ¡No quiero ser presentada como víctima, estoy en pie de
lucha!, exclamó durante la presentación del informe Caminando hacia el norte: el papel del género, la pobreza y la violencia en la trata de personas de México hacia Estados Unidos.
El reporte elaborado por la organización The Sex
Workers Project at the Urban Justice Center, recoge 37 casos de
personas, entre ellas Florencia, que fueron víctimas de la trata de
personas en Nueva York. Dos mujeres transgénero, un hombre y 34 mujeres
quienes fueron insertados en el comercio sexual u obligados a trabajar
en condiciones de explotación económicas y laborales.
“La trata y explotación la padecen por igual
hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas, y no distingue clases
sociales”, dijo Florencia, madre de tres niños y quien tras la muerte de
su pequeña ocasionada por no poder pagar los medicamentos requeridos
para el padecimiento de las vías respiratorias, decidió viajar a Estados
Unidos luego de que en 2002 la maestra de corte y confección de su
comunidad le ofreció contactarla con un “coyote”. “No tenía trabajo, ni
oportunidades, no deseaba ver morir a mis hijos por no poder pagar un
tratamiento médico, así que me fui”.
La ahora activista relató que “todo fue muy
rápido”, entregó su acta de nacimiento y su credencial de elector a
quien la contactaría con el “coyote”. Viajó de la Ciudad de México a
Tijuana y al llegar a Los Ángeles, California, estuvo encerrada 40 días
en un taller de costura. “No me permitían hacer llamadas, había
violencia psicológica y física, me abofeteaban y me decían que un perro
tenía más derechos que yo, y era verdad, no tenía papeles, no existía y
si desaparecía o me mataban nadie sabría de mi”.
Su tratante, una mujer también originaria de su
comunidad la obligaba a laborar hasta 12 horas diarias, le decía que en
caso de no hacerlo sus hijos y su madre pagarían las consecuencias. “Un
día le pedí permiso para ir a la iglesia y me escapé a Nueva York, luego
me enteré que una organización de Los Ángeles rescató al resto de mis
compañeros”.
Posteriormente denunció a su victimaria pero en ese
año la justicia estadounidense aún no tipificaba como un delito a la
trata y únicamente la sancionó con arresto domiciliario y una multa de
75 mil dólares.
Actualmente, Molina forma parte de la organización
Coalition To Abolish Slavery & Trafficking (CASTS), formada en 2004 e
integrada por 25 personas provenientes de Filipinas, Etiopía, Nigeria,
Indonesia, Guatemala, México, Rusia, Corea y Ucrania.
El informe de la organización Sex Workers Project
at the Urban Justice Center reveló que en la mayoría de los casos las
condiciones de violencia y pobreza son factores determinantes para caer
en las redes de tratantes. En todos los casos registrados las víctimas
conocieron a sus tratantes por medio de amigos, familiares o parejas. El
documento revela que 34 de los casos pertenecen a mexicanas y tres a
centroamericanas.
Melissa Ditmore, una de las autoras del informe,
mencionó que del total de las víctimas de trata y explotación laboral,
46 por ciento son forzadas a trabajos de largas jornadas donde no
existen derechos laborales, tales son los casos de las empleadas
domésticas, de quienes se desempeñan en las minas, maquiladoras, o como
masajistas, hay quienes son obligadas a mendigar y robar, en tanto que
otro 46 por ciento son explotadas de manera sexual y el resto es una
combinación de ambas.
Entre las recomendaciones hechas por la
organización a los gobiernos mexicano y estadounidense destaca
investigar la trata de personas, apoyar a las asociaciones civiles, y
generar mecanismos que permitan a la víctima reunirse con sus
familiares.
Los activistas insistieron en eliminar el requisito
impuesto a las víctimas de cooperar con las autoridades de seguridad
pública para permanecer legalmente en Estados Unidos. Pidieron derogar
el programa de comunidades seguras inmerso en la disposición 287 Inciso G
de la Ley Nacional e Inmigración de Estados Unidos que prevé la
deportación de las víctimas de trata.
Por su parte, Gretchen Kuhner del Instituto para
las Mujeres en la Migración, aseveró que de acuerdo a un sondeo se sabe
que el endurecimiento en las políticas migratorias de Estados Unidos ha
ocasionado la disminución en el número de denuncias “por el temor que
sienten las víctimas de ser deportadas”.
A la presentación del informe acudió Emilio Muñoz,
representante del “Centro Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y
Desarrollo Local, con trabajo en la prevención de la trata de personas
en las zona de Tlaxcala y Puebla.
