Antonio Medina*
México DF,
mayo 17 de 2012.
Los defensores y defensoras de derechos
humanos cargan con estigmas que los ponen en una situación de
vulnerabilidad. Esos estigmas, que se asocian a sus propias luchas, que
forman parte de su ser, sus convicciones o formas de actuar en sociedad,
pueden ser motivo de ira y odio de algunas personas, grupos políticos,
religiosos o sectores sociales que no toleran esas diferencias.
En el caso de las personas homosexuales, lesbianas,
bisexuales o trans, el estigma se multiplica, pues en ciertos contextos
sociales, su diferencia puede ser motivo de escarnio o de plano
agresiones encaminadas a su ejecución.
Este tipo de crímenes son muchas veces el resultado
de un proceso de hostigamiento hacia las víctimas por parte de los
criminales. Muchos casos relatados a quien esto escribe (en casi tres
lustros de trabajo periodístico) indican que así sucede, y por lo
regular los criminales son personas que van acumulando odio hacia sus
víctimas y en espacios de vulnerabilidad de las mismas, como podrían ser
fiestas, centros nocturnos, calles oscuras o coincidir en actividades
laborales; es cuando los agresores actúan y vacían su odio
violentándoles y en ocasiones quitándoles la vida.
Al parecer, el caso de la psicóloga Agnes Torres,
que fue asesinada el pasado mes de marzo, tiene esas características, ya
que quienes fueron detenidos por el crimen, dijeron haberla conocido
aunque desconocían que era activista.
La indignación de familiares y activistas se
materializó en acciones encaminadas a exigir al gobierno de Puebla que
actuara como es debido en estos casos, sin perder tiempo para activar
todos los mecanismos judiciales para atrapar al asesino o asesinos de la
luchadora social.
La movilización de la sociedad, como pocas veces,
tuvo efecto, pues cinco días después, el gobierno de Puebla, en
colaboración con el de Yucatán, atraparon a los criminales.
El impacto que tuvo esta muerte trascendió a las
redes sociales, que a decir de los mismos activistas, fue donde se
ejerció presión para que el gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle
Rosas, se movilizara y actuara en consecuencia.
Por desgracia, como han coincidido muchos, tuvo que
suceder una desgracia para que la justicia actuara. Pero también, tuvo
que suceder este lamentable hecho para que el activismo LGBTTTI saliera
de su espacio de confort y se uniera (pese a sus diferencias) en una
lucha común, pues cuando se dan este tipo de sucesos no se actúa ni
desde la justicia, ni desde las familias ni desde la sociedad civil.
Como lo ha reportado la Comisión Ciudadana contra
Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH) desde 1998, este tipo de
asesinatos en su gran mayoría quedan impunes. Los criminales tienen la
certeza de que no serán atrapados, ya que cuando se sabe de un
homosexual asesinado, los prejuicios ministerios públicos, políticas,
agentes judiciales, peritos y familiares, hacen que se dé carpetazo a la
investigación y se clasifiquen como “crímenes pasionales entre homosexuales”, cancelando la posibilidad de hacer justicia.
Han sido muy pocos casos en los que el activismo ha
protestado y exigido se investigue por crímenes que se aduce, son por
homofobia. Tal es el caso del perpetrado contra el doctor Francisco
Estrada Valle, quien fue asesinado en 1994. Su madre, la señora Alicia
Valle ha luchado por aclarar el crimen de su hijo, sin que hasta el
momento las autoridades responsables le den respuesta a su legítima
duda.
La indignación y coraje de la señora Valle, con el
apoyo de Arturo Díaz Betancourt y Carlos Monsiváis, junto con el equipo
de Letra S, entre otros, hicieron que se diera seguimiento al caso. A
pesar de ello al momento no se han tenido noticias favorables. Sin duda
es una realidad antes no analizada ni tomada en cuenta por los medios,
ni la academia, ni los mismos activistas.
Otros crímenes contra activistas han quedado
impunes, como el del psicólogo Octavio Acuña, quien fue asesinado en su
condonaría en la ciudad de Querétaro en junio de 2005.
Octavio y su compañero Martín ya habían puesto una
queja por hostigamiento en la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) contra policías locales, quienes semanas antes del asesinato los
habían hostigado. Después del crimen, la procuraduría local y la CEDH se
encargaron de desviar todas las indagatorias, construyeron una historia
inverosímil y desactivaron, con intimidación, a los grupos que al
inicio protestaron y se organizaron para exigir justicia.
El crimen contra Octavio Acuña nunca se aclaró. El
activismo LGBTI en el estado fue callado y la represión contra gays en
la capital queretana continúa, aunque ahora sin mucho alarde. Se han
reprimido eventos de la comunidad, clausurado espacios de reunión y los
policías continúan recorriendo espacios donde saben que pueden
extorsionar a jóvenes gays.
El estado de Guerrero, a pesar de tener un
activismo fuerte y que trabaja muy de cerca del gobierno estatal, ha
tenido la trágica experiencia de crímenes contra personas vinculadas al
activismo LGBTTTI. Uno de ellos, el de mayor resonancia, fue contra
Quetzalcóatl Leija, un joven activista con mucha proyección política en
el estado y el país.
El asesinato de este joven activista conmocionó a
la opinión pública de todo México pues Leija tenía una activa agenda
social y política que promovía en foros, congresos y eventos académicos.
Logró varios de sus propósitos con el cabildeo político en el congreso
estatal y en varios momentos vinculó actividades cívico culturales en
colaboración con instituciones educativas, empresas y algunas
dependencias de gobierno.
En julio de 2011 fue asesinado Christian Sánchez
Venancio en su casa, en la Ciudad de México. Él era representante
político en las filas del Partido de la Revolución Democrática desde la
diversidad sexual. Su trabajo activista vinculado al partido gobernante
en el Distrito Federal le permitió llevar a cabo actividades de
visibilidad social de las demandas del colectivo LGBTI de la capital de
país. Los asesinos confesos del joven activista fueron detenidos y
consignados a 50 años de cárcel.
Estos caso, que se han develado en los medios y que
han puesto a trabajar a los responsables de aplicar justicia, son una
verdadera minoría, pues en México, según cifras de la Comisión Ciudadana
contra Crímenes de odio por Homofobia se ha ejecutado 705 personas por
motivos de su orientación sexual entre 1995 y 2009. Ese dato puede
llegar a más de más de dos millares si se toma en cuenta el subregistro.
En todo caso, en México, al igual que la mayoría de
los países de América Latina, no se ha querido hacer caso a las
demandas de activistas LGBTTTI cuando piden encarecidamente que se
tipifiquen este tipo de crímenes (con excepción del Distrito federal),
por lo que las acciones o protocolos de las Procuradurías de Justicia
siguen invisibilizando este tipo de crímenes y determinando caso juzgado
bajo la suposición que se trata de “crímenes pasionales entre homosexuales” y no “crímenes de odio contra homosexuales”, como precisaba el maestro Carlos Monsiváis.
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