Por José Martínez / Difunet / Dossier Politico
De acuerdo a las estadísticas, en México cada
cinco días, en promedio, es asesinado un periodista, eso lo convierte
en uno de los países con más periodistas asesinados y desaparecidos en
el mundo. A pesar de ello el presupuesto del gobierno del presidente
Felipe Calderón asignado a la Fiscalía encargada de investigar estos
delitos asciende a menos de 250 mil dólares (tres millones de pesos)
para el año 2012. Uno de los años más sangrientos para la prensa.
“Es
una pena pero esa nuestra realidad”, me dijo la fiscal Laura Angélica
Borbolla en una reunión con miembros de la Fundación para la Libertad de
Expresión (Fundalex).
Como se sabe el 3 de
mayo de 1993 fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa
por la Asamblea General de las Naciones Unidas (decisión 48/432, de 20
de diciembre), siguiendo la Recomendación adoptada durante la 26ª sesión
de la Conferencia General de la Unesco en base a una resolución de 1991
sobre la “Promoción de la libertad de prensa en el mundo” donde había
reconocido que una prensa libre, pluralista e independiente era un
componente esencial de toda sociedad democrática y un derecho humano
fundamental. Desde entonces, se ha celebrado cada año el 3 de mayo,
aniversario de la Declaración de Windhoek, cuando en Namibia como
conclusión de un seminario convocado por la prensa africana se propuso
que cada 3 de mayo en todo el mundo se celebrara el Día Mundial de la
Libertad de Prensa como una oportunidad para celebrar los principios
fundamentales de la libertad de expresión; evaluar la libertad de
prensa; defender los medios de comunicación de los atentados contra la
independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus
vidas en el cumplimiento de su deber.
Es así
que el pasado jueves 3 de mayo cuando los periodistas de todo el mundo
nos aprestábamos para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de
Expresión, la víspera aparecían los cuerpos cercenados de tres
periodistas mexicanos en el estado de Veracruz, días antes Regina
Martínez corresponsal de la revista Proceso había sido asesinada en esa
misma entidad.
Ese día yo me encontraba
representando a la Fundalex en Torreón, Coahuila, donde estudiantes de
periodismo de varias universidades del país se daban cita para recibir
los premios nacionales de periodismo universitario. Formaba parte del
jurado y ofrecería una conferencia magistral ante maestros y
estudiantes. Guardamos un minuto de silencio. Ofrecí mi charla con la
voz entrecortada por más que quise disimular mi tristeza. Allí estaban
los futuros periodistas que con ilusión cursan una carrera universitaria
persiguiendo los sueños de lo que Gabriel García Márquez ha calificado
como “el mejor oficio del mundo” pero que en México, como en otras
partes, se ha convertido en uno de los más peligrosos. ¿Qué futuro le
depara el destino a estos jóvenes que sueñan algún día contar con un
título de periodista? Les hablé de Manuel Buendía y de Jesús
Blancornelas. Dos grandes periodistas, centinelas de la nación.
Como
ellos, la corresponsal Regina Martínez y los fotorreporteros Gabriel
Huge, Guillermo Luna Varela y Esteban Rodríguez –que fueron masacrados
en Veracruz– no buscaban ser héroes, servían y amaban a su país. Sus
familiares y sus colegas del gremio solo queremos justicia. Como ellos,
casi un centenar de periodistas en México han sido victimados, mientras
otros se encuentran desaparecidos. Sus casos se mantienen impunes.
Así,
ante el desdén del gobierno mexicano, en especial del presidente Felipe
Calderón, el diario The Guardian –uno de los diez más leídos e
influyentes del mundo– les ha rendido un homenaje a los periodistas
asesinados en México, con una exposición en las instalaciones del diario
británico donde se exhiben 55 imágenes de los reporteros ultimados en
los años.
Para el inglés Chris Bain, director
de la organización Cafod, los reporteros homenajeados en la exposición
fotográfica deben ser recordados no sólo por sus muertes, “sino por su
dedicación para desenterrar la verdad y mostrarla a la población. Si el
mundo busca a héroes, aquí están”.
Ese 3 de
mayo en Madrid, España, cuando se galardonaba al periodista mexicano
Humberto Padgett de la revista Emeequis con uno de los premios “José
Ortega y Gasset”, el presidente del periódico El País Juan Luis Cebrián
fue preciso y contundente en su discurso: “Lo que desde hace tres
décadas venimos premiando es el esfuerzo, individual o colectivo, de
aquellos profesionales que contra viento y marea defienden el derecho a
saber de los ciudadanos, su libertad de informar y de ser informados.
Muchas veces ese esfuerzo no es suficientemente reconocido por los
propios lectores, ni por sus colegas o las empresas editoras, pese a que
su entusiasta servicio a la comunidad les supone a menudo la antesala
de la cárcel, el destierro o aun la muerte”.
Ante
el caso de los periodistas ejecutados en Veracruz, Cebrián dijo que “su
único delito fue testificar una realidad oprobiosa”.
Justo
ese mismo día en una ponencia dictada en la Universidad Veracruzana, el
experto en seguridad, Edgardo Buscaglia, director del International Law
and Economic Development Center, elogió la valentía de los periodistas
mexicanos que han tenido que reportar la tragedia por la que atraviesa
el país.
“No se puede combatir a la
delincuencia organizada o prevenirla sin información, por eso se mata a
periodistas que hacen investigaciones patrimoniales para descubrir
vínculos de la delincuencia con políticos”.
En
México, queda claro que decir la verdad cuesta y no está por demás
subrayar que la palabra empeñada por el presidente Felipe Calderón de
castigar la impunidad en el caso de los asesinatos de periodistas, fue
un compromiso que terminó por ser letra muerta, como ocurrió de igual
manera con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión que desde su creación en 2006 nació
muerta.
La Fiscalía carece de recursos
materiales y financieros. No tiene sede propia ni siquiera aparece en el
organigrama de la Procuraduría General de la República. Su presupuesto
es tan escaso que para el año 2012 apenas asciende a menos de 250 mil
dólares (3 millones de pesos) para atender asuntos a nivel nacional. Su
plantilla de funcionarios y empleados, incluyendo a la nueva fiscal no
rebasa los veinte el número de su personal.
Los
integrantes de la pomposa Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión ocupan un pequeño espacio en
las oficinas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Feplade) donde se encuentran hacinados. No hay presupuesto
ni para agua y muchos menos para café. Se ha llegado a carecer de los
más elementales insumos de oficina. La mayoría de cientos de expedientes
están rezagados. No hay seguimiento en muchos de los casos. Simplemente
no hay recursos. Hechos que contrastan con los discursos rimbombantes
del Presidente y los diputados que integran la Comisión Especial para
Dar Seguimiento a los Agravios a Periodistas y medios de comunicación.
Así
se atiende la libertad de expresión en uno de los países con mayor
número de periodistas asesinados y desparecidos en el mundo.
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*José
Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación
para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos
Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como
Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González.
Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos
del Elba Esther Gordillo.
