Yadira Hidalgo y Estela Casados.
La Jornada Veracruz.
Todo eso lo escribimos en tiempo pasado, porque ahora ya no podrá ejercer su carrera, tampoco será capaz de cuidar de su hijo ni de su padre inválido. Carmen no murió, pero ha perdido una parte importante de sus funciones cerebrales debido a la golpiza que le propinó su ex pareja, un individuo llamado Rubén Ramón Mora Peralta.
El 25 de julio pasado, Carmen, de 35 años de edad, fue recogida por una ambulancia frente a su casa, en Chilpancingo. Fue su agresor quien llamó a los paramédicos. Al ser atendida, el doctor que la examinó explicó a tres amigas periodistas de Carmen que ella presentaba un traumatismo craneoencefálico de grado 2, así como desprendimiento de membrana y un coágulo en el cerebro. En resumen: su vida corría peligro debido a un hombre que, a pesar de que alguna vez dijo amarla, se negó a aceptar que ella lo dejara por ser violento.
Pero las agresiones a la periodista no pararon ahí. Pese a la gravedad de su situación, el director de la clínica del Issste a la que la llevaron, el doctor Dorio Tapia Mora, tío del agresor, convino con éste sustraerla del hospital para evitar que se diera parte al Ministerio Público, como lo marca la ley. Por ello, sus amigas perdieron el rastro de Carmen, y ella, valiosos momentos para asegurar una mejor recuperación.
El caso de Carmen Santiago es claramente un feminicidio, porque, aunque no ha muerto, en él se combinan los diferentes tipos de violencia que una mujer puede sufrir: violencia sicológica, que seguramente padeció por su ex pareja, motivo por lo cual ella decidió terminar la relación; violencia física, con la que él castigó el abandono; y violencia institucional, que comenzó con el convenio entre el director de la clínica y su ex pareja y que se ha extendido en la negligencia demostrada por la Fiscal asignada al caso, así como por el dictamen del Ministerio Público Especializado que no consideró que las lesiones infringidas a la periodista pusieran en riesgo su vida.
El agresor alcanzó una fianza que ni siquiera pagó en su totalidad: el presidente municipal de Chilpancingo, Héctor Astudillo Flores, le extendió al delincuente una carta de hombre pobre y, de 120 mil, sólo pagó 80 mil pesos.
Gracias a las acciones de un importante grupo solidario de periodistas se presionó al Congreso Local de Guerrero, y el miércoles 12 de agosto hicieron un tibio pronunciamiento sobre este indignante caso; asimismo, tras demandar justicia, la delegación del Issste en Guerrero separó del cargo de director general de la clínica del Issste en Chilpancingo al Dr. Dorio Mora Tapia.
El 16 de diciembre de 2007, el Congreso de Guerrero aprobó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LAMVLV), sin embargo a las autoridades de este estado poco les ha importado su aplicación efectiva y congruente, ya que no han adaptado el Código de Procedimientos Penales del estado para tipificar los delitos según lo marca LAMVLV. Al gobernador guerrerense, Zeferino Torreblanca, poco le interesa la aplicación eficiente y adecuada de esta ley.
Lamentablemente, esta indiferencia es una constante que permea a la clase política en México: la violencia de género es ampliamente tolerada por el Estado. Con ello se convierten en cómplices del feminicidio de Carmen, y de millones de mujeres que son violentadas en sus derechos humanos, ciudadanos y fundamentales que les permitan tener una vida digna y de calidad.
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