Seis periodistas han sido asesinados en menos de un mes en México,
poniendo de manifiesto el fracaso de las autoridades para garantizar
la libertad de expresión y proteger a quienes se dedican a informar,
de las amenazas y violencia derivadas de su trabajo.
El pasado viernes, el cuerpo mutilado de Marco Antonio Ávila
García de 39 años, especializado en información sobre crimen
organizado, fue encontrado en una bolsa de basura a la orilla de una
carretera, en el estado de Sonora. El día anterior había sido
secuestrado en un lavado de autos en Ciudad Obregón, donde vivía y
trabajaba para dos periódicos.
La muerte de Ávila sucedió a los pocos días de haberse encontrado
en la cajuela de un auto el cuerpo de otro periodista en la ciudad de
Cuernavaca y dos semanas después de que los cuerpos mutilados de tres
periodistas fueron descubiertos en Veracruz. Pocos días antes, el 28 de
abril, una corresponsal de la revista semanal Proceso fue asesinada en
su casa en Xalapa, Veracruz.
“Esta nueva ola de asesinatos a periodistas debe interpretarse
como una enérgica llamada de atención a las autoridades mexicanas, que
deben hacer más para proteger a las y los periodistas que se encuentran
en riesgo por llevar a cabo su labor” Ha dicho hoy Rupert Knox,
investigador de Amnistía Internacional para México.
“Las autoridades raramente identifican o llevan ante la justicia a
los responsables de los ataques a periodistas, creando un clima de
miedo y vulnerabilidad para quienes, a pesar de los riesgos continúan
con su labor. Es vital que para cada uno de estos casos que se realicen
investigaciones inmediatas, completas e imparciales, haciendo uso de
los nuevas facultades federales de manera que los responsables de estos
crímenes sean llevados ante la justicia”.
De acuerdo al portavoz de la Procuraduría Estatal de Sonora, la
policía encontró un mensaje firmado por un grupo criminal a un lado del
cuerpo de Marco Ávila, cuyo contenido aún no ha sido revelado.
El 13 de Mayo, pocos días antes del secuestro y asesinato de
Marco Ávila, el cuerpo del ex periodista René Orta Salgado fue
encontrado estrangulado en la cajuela de su auto en Cuernavaca. Salgado
quien hasta enero había trabajado para en el periódico El Sol.
El 3 de mayo, la policía encontró los cuerpos de tres fotógrafos y una trabajadora de un medio en Boca del Río Veracruz.
Los tres fotógrafos, Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban
Rodríguez, eran especialistas en cobertura policiaca y de crimen
organizado. Sus nombres se encontraban en la lista negra que fue
circulada por grupos criminales el año pasado. Irasema Becerra,
trabajadora administrativa de un periódico y quién tenía una relación
con Luna, también fue encontrada muerta
Varios días antes, el 28 de abril, la corresponsal de la revista
Proceso, Regina Martínez, fue asesinada en Xalapa. Ella también había
investigado grupos criminales y corrupció policiaca.
Los últimos asesinatos son la continuación de una ola de
violencia en contra de los periodistas a lo largo de México que ocurre
en el contexto de la lucha del gobierno en contra del crimen organizado
que ha resultado en la muerte de más de 50,000 personas en los últimos
cinco años.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México,
81 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000, y más
de 14 se encuentran desaparecidos. Los perpetradores raramente han sido
llevados ante la justicia.
Los graves riesgos a los que se enfrentan las y los periodistas
han ocasionado que diversos medios hayan decidido dejar de cubrir hechos
relacionados con el crimen organizado. Por ejemplo, el periódico El
Mañana de la ciudad de Nuevo Laredo, anunció su decisión de auto
censurarse después de que su oficinas fueron balaceadas a principios de
este mes.
El 14 de mayo, un grupo de cuatro expertos en libertad de
expresión de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, emitió un comunicado instando a las autoridades mexicanas a
actuar rápidamente para poner fin a las amenazas a periodistas y
defensores de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional también ha instado repetidamente a las
autoridades mexicanas a intensificar medidas que aseguren la libertad
de expresión, incluyendo la implementación de la nueva Ley para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la
cual fue aprobada por el Congreso de la Unión mexicano, pero que aún no
ha sido firmada por el Presidente.
Las reformas a la Constitución que permiten la investigación
federal en crímenes relacionados con periodistas tampoco se han puesto
en práctica.
“El Estado mexicano y las autoridades federales deben redoblar
los esfuerzos para proteger a periodistas y a defensoras y defensores de
derechos humanos y detener esta ola de asesinatos, que presenta una
grave amenaza a la libertad de expresión”, agregó Knox.
“La nueva ley no valdrá el papel en la que está impresa hasta que
sea acompañada de un esfuerzo serio y coordinado en el terreno, que
permita una adecuada protección a los medios mexicanos y defensores de
derechos humanos quienes se encuentran ahora bajo un creciente ataque”.
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