jueves, 17 de mayo de 2012

A propósito del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia

Antonio Medina*
México DF, mayo 17 de 2012.
Los defensores y defensoras de derechos humanos cargan con estigmas que los ponen en una situación de vulnerabilidad. Esos estigmas, que se asocian a sus propias luchas, que forman parte de su ser, sus convicciones o formas de actuar en sociedad, pueden ser motivo de ira y odio de algunas personas, grupos políticos, religiosos o sectores sociales que no toleran esas diferencias.
 
En el caso de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales o trans, el estigma se multiplica, pues en ciertos contextos sociales, su diferencia puede ser motivo de escarnio o de plano agresiones encaminadas a su ejecución.
 
Este tipo de crímenes son muchas veces el resultado de un proceso de hostigamiento hacia las víctimas por parte de los criminales. Muchos casos relatados a quien esto escribe (en casi tres lustros de trabajo periodístico) indican que así sucede, y por lo regular los criminales son personas que van acumulando odio hacia sus víctimas y en espacios de vulnerabilidad de las mismas, como podrían ser fiestas, centros nocturnos, calles oscuras o coincidir en actividades laborales; es cuando los agresores actúan y vacían su odio violentándoles y en ocasiones quitándoles la vida.
 
Al parecer, el caso de la psicóloga Agnes Torres, que fue asesinada el pasado mes de marzo, tiene esas características, ya que quienes fueron detenidos por el crimen, dijeron haberla conocido aunque desconocían que era activista.
 
La indignación de familiares y activistas se materializó en acciones encaminadas a exigir al gobierno de Puebla que actuara como es debido en estos casos, sin perder tiempo para activar todos los mecanismos judiciales para atrapar al asesino o asesinos de la luchadora social.
 
La movilización de la sociedad, como pocas veces, tuvo efecto, pues cinco días después, el gobierno de Puebla, en colaboración con el de Yucatán, atraparon a los criminales.
 
El impacto que tuvo esta muerte trascendió a las redes sociales, que a decir de los mismos activistas, fue donde se ejerció presión para que el gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, se movilizara y actuara en consecuencia.
 
Por desgracia, como han coincidido muchos, tuvo que suceder una desgracia para que la justicia actuara. Pero también, tuvo que suceder este lamentable hecho para que el activismo LGBTTTI saliera de su espacio de confort y se uniera (pese a sus diferencias) en una lucha común, pues cuando se dan este tipo de sucesos no se actúa ni desde la justicia, ni desde las familias ni desde la sociedad civil.
 
Como lo ha reportado la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH) desde 1998, este tipo de asesinatos en su gran mayoría quedan impunes. Los criminales tienen la certeza de que no serán atrapados, ya que cuando se sabe de un homosexual asesinado, los prejuicios ministerios públicos, políticas, agentes judiciales, peritos y familiares, hacen que se dé carpetazo a la investigación y se clasifiquen como “crímenes pasionales entre homosexuales”, cancelando la posibilidad de hacer justicia.
 
Han sido muy pocos casos en los que el activismo ha protestado y exigido se investigue por crímenes que se aduce, son por homofobia. Tal es el caso del perpetrado contra el doctor Francisco Estrada Valle, quien fue asesinado en 1994. Su madre, la señora Alicia Valle ha luchado por aclarar el crimen de su hijo, sin que hasta el momento las autoridades responsables le den respuesta a su legítima duda.
 
La indignación y coraje de la señora Valle, con el apoyo de Arturo Díaz Betancourt y Carlos Monsiváis, junto con el equipo de Letra S, entre otros, hicieron que se diera seguimiento al caso. A pesar de ello al momento no se han tenido noticias favorables.  Sin duda es una realidad antes no analizada ni tomada en cuenta por los medios, ni la academia, ni los mismos activistas.
 
Otros crímenes contra activistas han quedado impunes, como el del psicólogo Octavio Acuña, quien fue asesinado en su condonaría en la ciudad de Querétaro en junio de 2005.
 
Octavio y su compañero Martín ya habían puesto una queja por hostigamiento en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra policías locales, quienes semanas antes del asesinato los habían hostigado. Después del crimen, la procuraduría local y la CEDH se encargaron de desviar todas las indagatorias, construyeron una historia inverosímil y desactivaron, con intimidación, a los grupos que al inicio protestaron y se organizaron para exigir justicia.
 
El crimen contra Octavio Acuña nunca se aclaró. El activismo LGBTI en el estado fue callado y la represión contra gays en la capital queretana continúa, aunque ahora sin mucho alarde. Se han reprimido eventos de la comunidad, clausurado espacios de reunión y los policías continúan recorriendo espacios donde saben que pueden extorsionar a jóvenes gays.
 
El estado de Guerrero, a pesar de tener un activismo fuerte y que trabaja muy de cerca del gobierno estatal, ha tenido la trágica experiencia de crímenes contra personas vinculadas al activismo LGBTTTI. Uno de ellos, el de mayor resonancia, fue contra Quetzalcóatl Leija, un joven activista con mucha proyección política en el estado y el país.
 
El asesinato de este joven activista conmocionó a la opinión pública de todo México pues Leija tenía una activa agenda social y política que promovía en foros, congresos y eventos académicos. Logró varios de sus propósitos con el cabildeo político en el congreso estatal y en varios momentos vinculó actividades cívico culturales en colaboración con instituciones educativas, empresas y algunas dependencias de gobierno.
 
En julio de 2011 fue asesinado Christian Sánchez Venancio en su casa, en la Ciudad de México. Él era representante político en las filas del Partido de la Revolución Democrática desde la diversidad sexual. Su trabajo activista vinculado al partido gobernante en el Distrito Federal le permitió llevar a cabo actividades de visibilidad social de las demandas del colectivo LGBTI de la capital de país. Los asesinos confesos del joven activista fueron detenidos y consignados a 50 años de cárcel.
 
Estos caso, que se han develado en los medios y que han puesto a trabajar a los responsables de aplicar justicia, son una verdadera minoría, pues en México, según cifras de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de odio por Homofobia se ha ejecutado 705 personas por motivos de su orientación sexual entre 1995 y 2009. Ese dato puede llegar a más de más de dos millares si se toma en cuenta el subregistro.
 
En todo caso, en México, al igual que la mayoría de los países de América Latina, no se ha querido hacer caso a las demandas de activistas LGBTTTI cuando piden encarecidamente que se tipifiquen este tipo de crímenes (con excepción del Distrito federal), por lo que las acciones o protocolos de las Procuradurías de Justicia siguen invisibilizando este tipo de crímenes y determinando caso juzgado bajo la suposición que se trata de “crímenes pasionales entre homosexuales” y no “crímenes de odio contra homosexuales”, como precisaba el maestro Carlos Monsiváis.
 
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