Mujeres y Política
Prensa amenazada
Soledad JARQUÍN EDGAR
La
desaparición y asesinato del periodista Moisés Sánchez, en Veracruz, es
una muestra más de la difícil condición del ejercicio profesional de la
tarea de informar en aquella entidad, donde se pasó de las agresiones
verbales, las amenazas, hasta la fabricación de delitos y privación de
la libertad al asesinato de 11 periodistas, nueve hombres y dos mujeres.
Como
siempre o, para no exagerar, casi siempre, los hechos brillan por la
impunidad en la que permanecen los casos de Víctor Manuel Báez Chino, en
junio de 2012, editor de la sección policiaca del periódico Milenio El
Portal de Veracruz y director adjunto del diario virtual Reporteros
Policiacos.com; Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez,
fotoreporteros asesinados en mayo de ese mismo año; la corresponsal de
la revista política Proceso, Regina Martínez, asesinada en el interior
de su casa en abril de 2012; Yolanda Ordaz asesinada un año antes en
junio de 2011, un crimen que en lo particular fue impactante; el 20 de
junio de 2011 se cometió otro crimen contra el director de Notiver
Miguel Ángel López Velasco y su hijo Misael López Solana; Noel
López Olguín, colaborador de varios medios locales veracruzanos, su
cuerpo fue hallado en junio de 2011, a tres meses de haber desaparecido;
hace un año, en febrero de 2014, se encontró el cuerpo de Gregorio
Jiménez.
Como
en el caso de los estudiantes de Guerrero, en el asesinato de Moisés
Sánchez, está involucrado un presidente municipal. José Luis Abarca,
presidente municipal de Iguala, se dijo, habría pedido actuar contra los
estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos”, en el caso del
asesinato del periodista veracruzano está involucrado el presidente
municipal de Medellín de Bravo, Omar Cruz, señalan las investigaciones.
Esto
no es “nuevo”, los pequeños y grandes poderes son una amenaza para el
ejercicio de la tarea informativa, aderezada hoy con la clara presencia
de criminales dispersos en todo el territorio nacional, para desgracia
del pueblo y como hemos visto a raíz de la “declaración” de guerra hecha
por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, el Ares
mexicano.
El
asesinato de periodistas ha ubicado a este país, según la organización
internacional Reporteros sin Fronteras, como uno de los “más mortífero” y
el primero de América Latina, en el recuerdo ha quedado Colombia y la
persecución a periodistas en los tiempos de las dictaduras en
Sudamérica. Entonces como sucedió con Moisés Sánchez se recuerdan casos
(en Chile, por ejemplo) de periodistas sacados de sus casas para
desaparecerlos, como pasó con José Carrasco Tapia, historia que se narra
en el libro Historia de un Periodista.
No
es lo mismo pero el resultado es el mismo. El fin es lo que cuenta. Se
trata de callar a quienes se comprometen en la transmisión de hechos
concretos, de quienes opinan, de quienes ocupan un lugar intermedio
entre los gobiernos y la sociedad, pero lo que revelan no es algo que le
guste a esos poderes llamados fácticos, resultado de estas dinámicas
sociales en que hemos basado nuestro andar al pertenecer a un grupo
social y de cuya relación depende la gobernabilidad.
Michael
Coppedge, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Notre Dam,
señala que estos poderes “residen básicamente en los sectores
empresariales, la prensa, las iglesias, los estamentos militares, los
<grupos de presión, los <grupos de tensión, los <nuevos movimientos sociales, ciertas <organizaciones no gubernamentales, las <mafias y
otras entidades cuyas potestades no están previstas ni autorizadas por
la ley pero que no por eso son menos eficaces ni menos influyentes a la
hora de la toma de las decisiones en la vida social”.
En
suma, la prensa es también un poder fáctico y está amenazado por el
resto de los poderes. Decir la verdad tiene costos muy altos en México,
no someterse a los mandatos del poder tiene sus costos, investigar tiene
sus costos y la historia es cruenta en ese sentido. En los años
treinta, me contaba una querida amiga, su padre un periodista
veracruzano fue asesinado cuando ella tenía tres años. Recordó que un
presidente municipal de Orizaba, Veracruz, le pidió a los representantes
de la prensa que pasaran a cobrar cada mes. “Mi padre no quiso, a los
pocos días, estábamos desayunando, tocaron la puerta, él se levantó y
abrió…A pesar de que era muy chica, recuerdo los disparos que le
quitaron la vida”.
Lo
que sucede en Veracruz es terrible. No tiene calificativo alguno, menos
cuando se presume tanta impunidad y ese estado de relajación que
muestra el gobernador Javier Duarte ante hechos tan terribles y tan
dramáticos, que afecta de manera colectiva el derecho a la información
de toda una sociedad, y al mismo tiempo que tienen un impacto
fundamental en las familias, entre los amigos y colegas.
Lecciones
amargas las que ofrece Veracruz, en especial para Oaxaca, donde como lo
recalcó el director general de El Imparcial, Benjamín Fernández
Pichardo, durante un desayuno de trabajo con el Consejo Editorial y
colaboradores, “la cuota ha sido muy alta para este diario”. Y recordó
el asesinato de tres voceadores en la región del istmo: Mateo Cortés
Martínez, Flor Vásquez y Agustín López, quienes fueron emboscados en la
carretera en tanto distribuían el diario, en octubre de 2007.
Se
refirió también al caso del reportero de la sección policiaca, Alberto
López Bello, lapidado junto con otra persona, en la agencia municipal de
Trinidad de Viguera, en la capital del Estado.
Lamentó
la agresión contra el reportero José Ignacio Santiago, hechos ocurridos
en enero pasado, lo que requirió que fuera hospitalizado y terminara
con dos brazos rotos. Primero fue alcanzado por una camioneta que lo derribó de la motocicleta, luego lo patearon hasta que perdió el conocimiento.
Como
en Veracruz el nivel de las agresiones tiende a subir, como resultado
de las vagas investigaciones, del no hacer caso. Algunos colegas han
recibido amenazas virtuales o directas; otras son escuchadas desde las
propias oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, recordemos el
caso de los troles que fue denunciado hace meses por Patricia Briseño y
esta servidora, el joven twitero de marras sigue colaborando en la
dependencia, orquestando insultos y toda clase de descalificaciones, sin
que el titular de la dependencia Alberto Esteva se de por enterado.
No
es para echar en saco roto lo que pasa en Veracruz que es muy grave,
como tampoco es para ser omisos, en Oaxaca donde según reporte de
Página3.mx “en
menos de un mes, por lo menos seis periodistas han sido agredidos en
Oaxaca, principalmente por organizaciones sociales…” Es decir, por otro
poder fáctico, que goza de todas las garantías por parte del gobierno
estatal.
El
pasado lunes fueron agredidos dos fotógrafos Alberto López del diario
Rotativo y Rolando Jiménez de Paralelo 20 por grupos de pobladores de
San Baltazar Chichicapam, que bajo la consigna “a todos los de la
prensa”, iban con la intención de agredirlos, armados de palos y
piedras. Hechos que ocurrieron frente a policías estatales que nada
hicieron para evitar la agresión.
Antes,
el 22 de diciembre fueron agredidos en la caseta de Huitzo los
reporteros Gaspar Monjarraz y Javier Barrón -de TV Azteca- por
integrantes de la agrupación Frente Popular Revolucionario (FPR),
quienes les quitaron su equipo y causaron daños a su unidad de motor,
además de agresiones físicas, dice Página3.
A
estas agresiones se sumó la ya relatada de José Ignacio Santiago,
compañero reportero de esta casa editora en la región del Istmo. Rafael
Vargas, de MVM fue agredido el 23 de enero por integrantes de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM), de ahí la solicitud de
atención que han presentado ante las autoridades organismos como el
Grupo Prensa Oaxaca.
Lo
dicho, en México ejercer el periodismo no es cosa de valientes sino de
gente inteligente, pero a veces ni la inteligencia funciona frente a la
cerrazón de los grupos de poder, caciques o integrantes de una sociedad
que está cansada de engaños y nulas repuestas del gobierno. Pero ojo:
quienes reporteamos u opinamos solo estamos cumpliendo con un deber como
trabajadores, solo hacemos valer un derecho ciudadano: el derecho a la
información. Matar o agredir periodistas es un crimen contra la
humanidad.
@jarquinedgar
Tomado de Las Caracolas
