La Constitución de Cádiz marcó el primer paso para declarar este derecho cuya defensa se mantiene vigente.
Miércoles 02 de mayo de 2012
Abida Ventura | El Universal
abida.ventura@eluniversal.com.mx
La libertad de imprenta en México dio sus primeros pasos hace 200 años
con la promulgación de la Constitución de Cádiz, el 19 de marzo de 1812.
En su artículo 371, La Pepa, como popularmente se le conoce, suprimió
toda clase de censura hacia la libertad de imprenta, que por casi tres
siglos había permanecido bajo las disposiciones de la Iglesia y la
monarquía. A pesar de que su efectividad se logró hasta 1820, ya que
Fernando VII la derogó en mayo de 1814, con la Constitución de Cádiz se
abrió paso a un largo camino hacia la libertad de prensa.
En la Nueva España, respetar las disposiciones de este documento no fue
nada fácil para unas autoridades que veían amenazados sus intereses. En
este territorio, la Carta Magna estuvo en vigor del 30 de septiembre de
1812 al 17 de septiembre de 1814, pero en ese lapso fue suspendida por
el virrey Francisco Javier Venegas.
Ya desde 1810, las Cortes Generales y Extraordinarias de España e
Indias, que se reunieron en la ciudad de Cádiz, aprobaron decretos como
el de la libertad de imprenta, que permitía la libre expresión de
opiniones políticas a través de publicaciones. Aunque estos decretos
eran válidos para todo el territorio español, incluyendo los
virreinatos, en la Nueva España, el virrey Francisco Javier Venegas hizo
caso omiso de las disposiciones porque temía que la libertad de
expresión favoreciera a los insurgentes.
Sería hasta 1812 que la libertad de prensa se comienza a hacer evidente
en Nueva España. Periodistas como Fernández de Lizardi y Carlos María de
Bustamante comenzaron a valerse de esta norma para divulgar sus ideas
políticas e impulsar la participación en los procesos electorales que se
avecinaban. La influencia de sus textos fue tal que el virrey suprimió
la libertad de prensa y emprendió una persecución en contra de Lizardi y
Bustamante.
“Aunque exista libertad de imprenta en Cádiz y sea ordenada por el
gobierno peninsular, aquí en la Nueva España no se va llevar a la
práctica. El virrey argumenta que no es posible dada la existencia de la
insurgencia y que no hay condiciones para decretar la libertad de
expresión”, explica la historiadora y profesora de la Facultad de
Filosofías y Letras, de la UNAM Cristina Gómez Álvarez.
Los beneficios de “La Pepa”
Una de las aportaciones de esta Carta Magna española es que puso fin a
casi 300 años de torturas y censuras aplicadas por el Tribunal del Santo
Oficio, que tenía entre sus funciones controlar la producción y
circulación de libros y toda clase de escritos.
Desde el siglo XVI y hasta el XIX cientos de escritos fueron vetados por
rígidas medidas de control. Los lectores y autores de las obras
prohibidas eran amenazados con el castigo de la ex comunión y penas
monetarias.
Gómez Álvarez explica que en los tres siglos en que predominó el
Tribunal del Santo Oficio la censura hacia las publicaciones se dio de
dos formas: la censura previa, es decir que para publicar un impreso se
necesitaba la licencia de la autoridad correspondiente, y la censura
represiva, la prohibición de libros y textos considerados por la
Inquisición como peligrosos por su contenido o temáticas opuestas a los
ideales monárquicos y religiosos.
El historiador José Abel Ramos Soriano, autor de Los delincuentes de
papel. Inquisición y libros en la Nueva España (1571-1820) (FCE/ INAH),
en el que documenta el control que la Inquisición ejerció en la
producción y circulación de los impresos, coincide con Gómez Álvarez al
asegurar que la censura, que ya había tenido una época enérgica en la
Contrarreforma en el siglo XVI, se incrementó más durante la Revolución
francesa en el siglo XVIII, época de la Ilustración.
“A partir del siglo XVIII, los edictos promulgados por el Santo Oficio
se convierten en largas listas de obras que no deben ser leídas. Es la
época de la Ilustración, los filósofos franceses están produciendo a
grandes cantidades. La actividad de la Inquisición por reprimir la
lectura de libros aumenta de manera muy notoria. Aumentan también las
denuncias de que libros de este tipo andan circulando en la Nueva
España”, asegura el investigador de la Dirección de Estudios Históricos
del INAH, cuya investigación se basa en los documentos inquisitoriales
que resguarda el Archivo General de la Nación (AGN).
Gómez Álvarez, autora de Navegar con libros. El comercio de libros entre
España y Nueva España (1750-1820) (Trama/UNAM), donde indica que a
pesar de las medidas de censura, España encontró en Nueva España un buen
mercado para la venta de libros, comenta: “En los 300 años va cambiando
el tipo de censura que ejerce la Inquisición. Van modificándose las
lecturas que se consideran peligrosas para los intereses de la
monarquía. En el siglo XVIII Lutero ya no tiene importancia, son otros
los libros prohibidos; se comienza a prohibir todo aquello que genera la
Revolución Francesa, que exige luchar por una sociedad con privilegios,
igualdades y libertades”.
Por su parte, Camilo Ayala Ochoa, investigador del Instituto de
Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, comenta que aunque en los
libros había un control muy fuerte, poco a poco fue cediendo. “Tan es
así que la figura de Carlos de Sigüenza y Góngora, en el siglo XVI, no
la podríamos entender sin cierta tolerancia”, dice. En el periodismo,
añade, hubo mayor libertad: “Había hojas sueltas desde principios del
siglo XVI donde hay poemas, picaresca e incluso, en el siglo XVIII,
crítica social, como es el caso de El Negrito Poeta”.
Un nuevo panorama
La influencia de La Pepa fue tal que influyó en las propuestas de los
insurgentes como José María Morelos y Pavón, y los diputados del
Congreso de Anáhuac, que retomaron algunas de las ideas plasmadas en sus
páginas al redactar los Sentimientos de la Nación y la Constitución de
Apatzingán, entre otras la libertad de expresión. Para 1821 el panorama
había cambiado, las imprentas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Mérida,
Guadalajara ya comenzaban a publicar opiniones políticas.
“Con la Independencia muchas cosas cambian y una de las banderas de los
movimientos independentistas es precisamente la libertad de expresión”,
comenta Ramos Soriano.
Poco a poco, los intelectuales comienzan a defender sus derechos de
libertad de expresión. Uno de ellos, destaca la investigadora del
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, María Teresa Camarillo
Carbajal, es Pablo de Villavicencio González, mejor conocido como El
Payo del Rosario, que en 1923 se enfrentó al gobernante de la época
porque prohibió el voceo de periódicos. “Se inconforma contra la medida
gubernamental, dice que eso es un atropello a los papeleros y a la
‘libertad de palabra’, y hace una defensa lúcida, oportuna y hasta
picaresca: argumenta que si en la ciudad de México el amanecer es un
concierto de gritos, por el que vende tamales, el que vende pájaros, por
qué los periódicos no se venderían de igual manera”, comenta.
Poco a poco, la libertad de imprenta promulgada por la Constitución de
Cádiz se abría paso entre una avalancha de medidas restrictivas, algunas
más severas que otras. Primero con la Constitución Federal de 1824, que
protegió la libertad política de imprenta; luego la consignación en su
artículo 6to de la Constitución de 1857 de la libertad de expresión,
hasta que en la Ley de Imprenta de 1917 de Venustiano Carranza, se
sientan las bases jurídicas de la libertad de imprenta.
Pese a que las bases jurídicas de la libertad de imprenta están
plasmadas en la Constitución vigente, su aplicación sigue siendo
arbitraria, comentan los historiadores:
“Ahora se supone que hay libertad de expresión y que la gozamos
completamente, pero vemos que la censura se sigue ejerciendo de una
manera u otra. Una característica fundamental es que durante la Colonia
la limitante para escribir, para trasmitir las ideas, está establecida,
hay una institución, un tribunal dedicado a eso, con reglas claras.
Después se habla de libertad de expresión, pero sigue la censura, sigue
ahora y viene desde tiempos antiguos, por parte de gobiernos
autoritarios”, opina Ramos Soriano.
“Aunque la ley establece que hay libertad de expresión, hay muchas
maneras de acallar. En este último sexenio vemos cómo han sido
silenciado y cómo han sido asesinados diversos periodistas, rebasan los
20, son ya casi 30. Y esa es otra manera de reprimir”, advierte
Camarillo Carbajal.
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