CIMAC
El
informe anual 2011 que la CIDH presentó ante la Organización de los
Estados Americanos (OEA) el pasado lunes, revela que Chihuahua,
Guerrero, Tamaulipas y Chiapas -entidades donde se otorgaron las medidas
de protección- se mantienen como focos rojos para las y los defensores
de Derechos Humanos (DDHH).
Los
datos proporcionados por la CIDH indican que por tercer año consecutivo
México es el segundo país de América Latina con más denuncias por
violaciones a los DDHH sólo detrás de Colombia, toda vez que en 2009 se
presentaron 232 casos, 267 en 2010, y en 2011 la cifra llegó a 273
demandas contra el Estado mexicano.
El
19 de mayo de 2011 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las y
los activistas Patricia Galarza Gándara, Francisca Galván, Oscar
Enríquez y Javier Ávila, todos de Chihuahua y quienes son representantes
legales de la familia de Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola
Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, desaparecidos desde
diciembre de 2009.
Varios
familiares y uno de sus representantes ya eran beneficiarios de medidas
provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CoIDH), sin embargo ante los constantes actos intimidatorios las y los
luchadores sociales decidieron solicitar medidas cautelares a la CIDH.
A
su vez, el organismo internacional pidió al Estado mexicano adoptar las
medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de los
cuatro activistas y acordar las medidas que se adoptarán con los
beneficiarios y sus representantes.
El
19 de mayo de 2011 la CIDH también otorgó medidas cautelares a Rosa
Díaz Gómez y otros 18 integrantes del ejido Jotolá, en Chiapas, quienes
han sido agredidos y amenazados por defender su derecho a la propiedad
de la tierra.
En el
caso de Guerrero, la CIDH brindó medidas cautelares para Javier Torres
Cruz, asesinado el 18 de abril de 2011 cerca de la comunidad La Morena,
en el municipio de Petatlán, presuntamente por defender el medio
ambiente.
Con estas medidas se tiene como objetivo
proteger a la familia de Torres Cruz que, de acuerdo con información
recibida por el organismo, continúa en una situación de riesgo pues se
han percatado que vehículos desconocidos vigilan su casa.
También
se ordenaron acciones cautelares para el activista Víctor Ayala Tapia,
quien desapareció el 14 de septiembre de 2010 en Tecpan de Galeana,
Guerrero.
En el
estado de Tamaulipas, la CIDH pidió a las autoridades mexicanas
garantizar la vida y la integridad de los miembros de la Casa del
Migrante Nazareth y del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Además otorgó medidas cautelares a 10 personas desparecidas en la
entidad, con el fin de que las autoridades hagan todo lo posible por
localizarlas.
En el
reporte también se precisa que durante 2011 la CIDH admitió a nivel
regional 67 informes, 11 los declaró inadmisibles, aprobó ocho de
solución amistosa, archivó 54, publicó 25 informes de fondo y cinco
sobre el fondo, además envió 23 casos a la CoIDH.
Cabe
mencionar que el año pasado la CIDH admitió tres casos contra México
que tienen que ver con la falta de protección judicial, de éstos destaca
el de tortura sexual de 11 mujeres detenidas en los operativos
policiacos de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México.
Ese
caso actualmente es revisado por la Comisión, y eventualmente decidirá
si pasa a la CoIDH para que determine las responsabilidades del Estado
mexicano.
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